Fuente: Clarincom
El Gobierno nacional anunció la anulación del mecanismo que otorgaba compensaciones económicas a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes sin costo destinados a personas con discapacidad. La decisión implica que el beneficio seguirá vigente para los usuarios, pero sin respaldo financiero estatal para las compañías.
Hasta el momento, las empresas recibían fondos del Estado en concepto de reembolso por los boletos facilitados gratuitamente a personas con certificado de discapacidad. Esa política intervencionista generaba distorsiones y sostenía un sistema insostenible, cargando el costo al contribuyente general sin resolver el problema de fondo en el transporte interurbano.
Con esta determinación, se avanza hacia un esquema más transparente y responsable. Si las empresas quieren sostener la gratuidad, deberán afrontarlo con recursos propios, incentivando eficiencia y competencia real. El Estado deja de destinar millones en subsidios que solo perpetúan ineficiencia y desigualdad fiscal, alineando la medida con la lógica de ajustar el gasto público y fomentar una economía con reglas más limpias y previsibles.
