Fuente: Clarín
El Gobierno nacional presentó una exigencia para los proyectos mineros que operen bajo el RIGI: destinar un mínimo del 20% de sus compras a proveedores nacionales, según informó Clarín. La iniciativa apunta a garantizar contenido local sin elevar las barreras a la inversión que busca activar el sector.
Varias provincias reaccionaron reclamando requisitos mucho más estrictos: pedidos de entre 50% y 90% de compras locales. Esa demanda provincial abrió una pulseada política y técnica sobre cómo combinar fomento de la industria nacional con la necesidad de atraer proyectos de capital intensivo.
El choque refleja un dilema clásico: exigir demasiado contenido local puede encarecer y demorar inversiones, mientras que permitir reglas más flexibles puede dejar a proveedores argentinos fuera de cadenas de valor. En el medio están el empleo regional y la sustentabilidad de las obras mineras.
Fuentes oficiales y representantes provinciales deberán negociar el texto final del RIGI. El desafío para el Gobierno es fijar reglas que protejan proveedores locales sin ahuyentar capitales necesarios para desarrollar la minería y generar empleo en provincias que dependen de esa actividad.
