Fuente: Clarín
Clarin informó que San Juan, Salta y Catamarca acumulan más de US$50.000 millones en compromisos de inversión minera amparados por el régimen RIGI, vigente desde 2024. El cuadro muestra un potencial de crecimiento económico y generación de empleo en regiones históricamente postergadas.
Sin embargo, el mismo informe alerta sobre limitaciones concretas: carreteras, electrificación y logística insuficientes para poner en marcha los proyectos anunciados. Esa brecha entre capital comprometido y capacidad operativa es el principal obstáculo para que las inversiones se traduzcan en producción y exportaciones.
La solución pasa por acelerar obras públicas prioritarias y facilitar asociaciones público-privadas para infraestructura crítica. Desde una perspectiva pro-libertad, hay que dar seguridad jurídica, simplificar trámites y promover inversiones privadas en servicios estratégicos, evitando que los proyectos queden paralizados por la falta de conectividad o energía.
Si el Estado coordina y prioriza, las provincias con mayor potencial minero pueden convertirse en polos de desarrollo regional. Clarín aporta el mapa; ahora corresponde transformar los compromisos en obras y empleo real.
